José Granados Fernández

Actos de vandalismo, insultos, amenazas y agresiones verbales se han registrado, desde hace tres años, en el proceso que aún no termina para escoger rector en propiedad de la Universidad del Atlántico.

La lucha por el poder para mantener tomada el alma mater como fortín político a fin de saciar apetitos burocráticos y contractuales, dejando en segundo plano la academia y las investigaciones científicas cuando estos deberían ser los objetivos principales en esa institución, hizo renunciar el 10 de julio de 2015 a Marcela Blanco Lara, representante del sector productivo ante el Consejo Superior de Uniatlántico.

Tras un agresivo ambiente de improperios vivido un día antes, que incluyó hasta madrazos de consejeros contra consejeros, Blanco dijo que renunciaba porque “no hay garantías mínimas para el desarrollo democrático, respetuoso y responsable de las funciones del Consejo Superior”. A su juicio, todo era producto de las “situaciones de desgobierno, irrespeto y agresión permanentes por parte de quienes, ante falta de argumentos razonados y objetivos, acuden a toda forma de saboteo, en complicidad con quien tiene la función y el deber de corregir dicha situación”.

Cabe precisar que Marcela Blanco renunció 24 horas después de que el Consejo Superior, en una convulsionada sesión que tuvo lugar en la sede norte de la Universidad del Atlántico, decidió por primera vez con 6 votos contra 3 sacar al rector encargado Rafael Castillo Pacheco.

En el Acta 6 del Consejo Superior de Uniatlántico, del 9 de julio de 2015, conocida por Atlántico en Noticias y Zona Cero.com, está consignado que, además de Marcela Blanco, a favor del retiro de Castillo votaron Antonio Vallejo, representante de los exrectores; Clara Vargas, delegada de las directivas académicas; Leyton Barrios, representante de los egresados y quien propuso votar para separarlo del cargo; Francisco Cardona, representante del Presidente de la Republica, y Kelly Sterling, delegada del Ministerio de Educación, quien dejó constancia de que Rafael Castillo tenía un “conflicto de intereses” como rector encargado y candidato, pues el Consejo Superior había sido notificado de la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que suspendía la elección de Rector en propiedad.

En contra de la salida de Castillo votaron el entonces gobernador José Antonio Segebre, quien alegó que estaba vigente la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales; Jonathan Camargo, representante estudiantil, y Roberto Figueroa, representante de los profesores; los dos últimos postulantes de Rafael Castillo a rector titular.

Como ya el Consejo Superior había decidido sacar a Castillo, para que la universidad no quedara acéfala, Vallejo postuló como encargado a Luis Carlos Gutiérrez Moreno, Decano de la Facultad de Ciencias Básicas.

Para decidir sobre la propuesta de Vallejo decretaron un receso de 30 minutos. En ese momento, paralelo a los insultos, las presiones y las amenazas con protestas, surgió la estrategia de las múltiples recusaciones, utilizada como palo en la rueda contra la elección de rector.

En efecto, en el orden del día de la mencionada Acta 6 no aparece que existieran dos recusaciones. Sin embargo, al reanudarse la sesión, luego de que el Consejo Superior por mayoría decidió sacar a Castillo, el gobernador Segebre notificó que había dos recusaciones: Jonathan Camargo recusó al consejero Leyton Barrios, al considerar que incurría en conflictos de intereses porque su esposa y compañera trabaja en la Universidad; Camargo también recusó a Vallejo por ser socio y fundador del Instituto Politécnico, por tener dos sobrinos trabajando en la Universidad y por ser contratista de la Gobernación, dice el acta.

Por su parte, Roberto Figueroa recusó a la consejera Clara Vargas porque supuestamente tenía una enemistad manifiesta contra Castillo.

Con estas recusaciones Camargo y Figueroa intentaban evitar que sacaran de la Rectoría a su defendido Rafael Castillo, pues anulaban 3 de los votos. A la par, ese mismo 9 de julio de 2015 en las afueras del salón de Uniatlántico donde sesionaba el Consejo Superior sonaban y tronaban insultos y señalamientos a través de una amplificación que instalaron los seguidores del rector que estaba a punto de ser separado del cargo.

El Acta 6 consigna, además, que Marcela Blanco planteó que antes de resolver si se aceptaban las 3 recusaciones debían decidir sobre la propuesta de Vallejo de nombrar a un rector encargado por Castillo, pero su propuesta no fue atendida porque el mandatario departamental propuso analizar quién debía decidir sobre las sorpresivas recusaciones. Al final acordaron que lo haría el Consejo Superior y no la Procuraduría.

Y así sucedió en medio de las dilaciones. El 14 de agosto las recusaciones contra los consejeros Vallejo, Barrios y Vargas no fueron aceptadas; como tampoco le aceptaron otras 3 que tenía lista el rector encargado Rafael Castillo tras ser resueltas las que presentaron sus postulantes Camargo y Figueroa.

Ese mismo día, por 7 votos a favor, incluidos el del gobernador Segebre y el de César Lorduy, quien reemplazó a Marcela Blanco como representante del sector productivo, Rafael Castillo Pacheco fue separado de la Rectoría y encargaron a Rafaela Vos Obeso.

Pero los saboteadores de la Universidad del Atlántico no se quedaron quietos. 9 días después del encargo de Vos Obeso, como si defender la academia y la autonomía universitaria estuviera ligado con actos ilegales, un grupo de encapuchados irrumpió en la sede norte, atacó la Rectoría, causó destrozos, lanzó amenazas y se robó 2 computadores. ¿Qué informaron contenían estos aparatos?

En total, en este camino espinoso para nombrar rector en propiedad en la Universidad del Atlántico han sido presentadas 15 recusaciones. La última es la que hoy debe resolver Cesar Lorduy, pero en medio de las dilaciones para evitar que nombren a uno o escojan a otro como rector titular, entre los candidatos Rafael Castillo, Salim Mattar y Carlos Prasca, no se sabe si presentarán más recusaciones porque de pronto quienes desean el poder de la burocracia y los millonarios contratos terminan recusando a la señora de los tintos, que es la única que se ha salvado de ser recusada en este poco decoroso proceso.